Desde luego esta afirmación parece muy extrema, y hasta
injusta, para con los comprometidos
equipos técnicos que trabajan cotidianamente en la superación del
fenómeno de la juventud que delinque en nuestro país. Efectivamente, el título
de esta nota es más un recurso de redacción que una realidad probada, pese a lo
que suelen mostrarnos los medios de comunicación en el día a día. Es loable lo
que estos equipos técnicos realizan, desde el Estado o las instituciones que le
colaboran, pese a los pocos incentivos y con frecuencia insuficientes
resultados. ¿A qué se debe esta situación? Creo que hay varios factores que
actualmente dificultan la tarea de la rehabilitación en nuestro país. Algunos
de ellos:
-
El
actual sistema de licitaciones SENAME, donde las instituciones se juegan el
todo o nada. Con frecuencia se está licitando fuera de la norma mínima que
establece el sistema de licitaciones. Los períodos de licitación se abrevian a
uno o dos años, lo mismo que las coberturas, para fines de evitar la toma de
razón por los montos monetarios licitados, por parte del ente contralor.
-
Lo
anterior afecta la estabilidad de los equipos técnicos, lo que se traduce en
alta rotación profesional, verificándose que cuando un profesional está ya
capacitado suele migrar a otra área laboral, más estable y mejor rentada.
-
El
cumplimiento de metas formales, tanto en el ámbito del ente marco de la
supervisión técnica como en el judicial. En el primer caso, se estatuyen metas
imposibles de cumplir en re-escolarización, capacitación, no reincidencia,
etcétera, definidas más bien desde criterios economicistas que propiamente
técnicos. En el segundo caso, el sistema judicial –en aras de la llamada economía procesal-
genera metas-incentivos orientadas al número de causas cerradas desatendiendo
los procesos individuales que se llevan a cabo en el plano de la ejecución de
medidas o sanciones.
-
La
incoherencia o falta de consistencia desde el ámbito judicial: el concurso de
medidas, sanciones o procedimientos no está regulado desde el punto de vista de
su ejecución. No es extraño que un adolescente tenga una multiplicidad de
causas y que en función de cada una de ellas se resuelvan medidas o sanciones
diversas y hasta excluyentes.
-
Todo
lo anterior genera sentido de impunidad en los adolescentes acusados, que
prontamente van reconociendo las falencias del sistema. El alegato de
“irreprochable conducta anterior” muchas veces no se sostiene, aunque sería
fácil para judicaturas y fiscalías comprobar aquello en base a sus sistemas
informáticos (SIAGJ, SAF).
-
Aunque
no se trata de penalizar intensivamente, se supone que la “mano debe ser
justa”, para que estén los que deben estar y el sistema no penalice a los que
merecen una oportunidad.
-
El
sistema judicial y de ejecución de medidas y sanciones se debilita cuando hay
altas tasas de incumplimiento y quebrantamiento, no existiendo consecuencias
inmediatas para ello. En síntesis, no todos los problemas
son monetarios (que los hay). Hay nudos críticos asociados a trabas legales, de
procedimiento y falta de voluntad de cambio. Y, sí existe rehabilitación
juvenil en Chile, es en gran medida por el alto compromiso, a pesar de todo, de
los equipos técnicos ejecutores.
Mario Muñoz Méndez
Antropólogo Social
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